La Armada Argentina Crisis y compra de patrulleros franceses

Mientras agoniza en los puertos fragatas y corbetas de la Flota de Mar de la Armada Argentina, agregándose la pérdida del Arma Submarina, con la tragedia del submarino ARA San Juan – la flotilla de submarinos se reduce a un buque inactivo – el gobierno argentino en el mes de julio de 2018, suscribió un acuerdo con Francia para la compra de patrulleros de altura “L’Adroit” de fabricación francesa, en el marco de un préstamo de 300 millones de euros. Mientras esta noticia, que ya es ha formalizado en contrato, según medios nacionales, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, sostiene que poco o nada se puede hacer en materia de renovación de equipamiento, por falta de presupuesto. Por un lado no hay dinero y por otro lado, en el medio de una aparente insolvencia, el país obtiene un contrato, por buques destinados un rol cuasi policial y de escaso valor militar.

Especial para La Polis | Por el Dr Jorge Alejandro Suárez Saponaro

Magister en Defensa Nacional.

La compra de patrulleros de altura (OPV) una vieja aspiración de la Armada

La historia de adquirir patrulleros de altura, data de hace bastante tiempo, en el ya lejano 1994. Los requisitos que trascendieron sobre este tipo de buque eran, navíos no menores a 1.200 toneladas, autonomía de 6.000 millas, velocidad máxima de 20 nudos, capacidad para operar un helicóptero, etc. Durante el kirchnerismo se hicieron anuncios, hubo trascendidos, se habló del patrullero oceánico multipropósito o POM, y largo etc. Hubo negociaciones, que todo indicaba un programa de cooperación, con intervención de la empresa naval germana Fassmer, que vendió buques de este tipo a Chile y Colombia (tipo OPV 80), que construyeron bajo licencia en astilleros propios a costos razonables y con paquetes de transferencia tecnológica.  Argentina a diferencia de dichos países, no hizo nada. Eso si firmó una serie de contratos, uno de ellos en 2007 con los astilleros chilenos ASMAR y otro en 2009, con los astilleros germanos Fassmer, que a los argentinos les costó en el caso del priermo, 2.7 millones de euros y en el segundo caso, 500.000 euros. Dinero tirado por la borda.  Incluso supimos de intenciones y un breve estudio para adquirir dos patrulleros tipo Hamilton, del mercado de segunda mano, proveniente de la Guardia Costera de Estados Unidos. Estos buques ofrecidos por US$ 100.000, requerían una modernización, cuyo costo no superaría los US$ 20 millones. Finalmente todo quedó en nada, mientras que países de bolsillos modestos aprovecharon la “oferta”.  También el mercado de segunda mano ofrecía otras posibilidades, como las corbetas surcoreanas Tipo Pohang, que varios países aprovecharon, entre ellos Perú, a la que se une la reciente oferta muy tentadora de Corea del Sur por una fragata de segunda mano, para ser convertida en buque de patrulla oceánica. Incluso Astilleros Río Santiago, veterana empresa estatal que en el pasado construyó buques para la Armada – entre ellos su orgullo, el buque escuela fragata ARA Libertad – hizo conocer su propuesta al respecto, publicó un proyecto nacional para la construcción de un patrullero oceánico. Por ahora todo queda como un simple rumor.

La idea de construir estos buques responde a la necesidad de reemplazar buques veteranos que han sido empleados en operaciones de patrulla y control de la Zona Económica Exclusiva, además de misiones de búsqueda y rescate (SAR), protección ambiental y también en apoyo a la campaña antártica.. Estos buques son conocidos como “avisos” en la Armada, además de tres corbetas tipo A69 adquiridas en Francia entre 1978-1981, de buenas prestaciones marineras, medios asignados a la División de Patrullado Marítimo. La Prefectura Naval, una institución que hasta 1982 estaba bajo control de la Armada, ahora devenida en una fuerza policial independiente, cuenta con cinco patrulleros de altura construidos en España. Lamentablemente las rivalidades entre ambas instituciones, que se disputan las migajas que les da el poder político para inversión, impidió el trabajo cooperativo. A ello se une la miopía de los responsables de la defensa y seguridad, de mantener dos fuerzas con competencias similares en la Zona Económica Exclusiva, con el consiguiente despilfarro de fondos.

En el marco de estas idas y venidas, ajustes de presupuesto, y falta de decisiones, apareció la oferta francesa de Naval Group, de los buques L’Adroit,.  Estos son buques de 1450 toneladas, 8.000 millas de autonomía, pueden operar helicópteros entre las 5-10 toneladas, y una velocidad de 21 nudos máximo. El constructor hizo una gira de demostración del buque, hoy en manos de la Marina francesa, que actúa como demostrador, en un régimen de leasing. El buque estuvo rodeado de polémica en  Uruguay en febrero de 2016, dado que ni autoridades militares como civiles tuvieron acceso al buque, a contrario de lo acontecido en Brasil. Una posibilidad de esta postura negativa francesa, era que la Armada de Uruguay, tenía como favorito para su programa de patrulleros OPV, un modelo de la germana Lürssen.  El mismo buque luego visitó el puerto de Buenos Aires, donde el comportamiento fue diferente, pero con limitaciones.

Sin licitación, sin concurso internacional, son elegidos los buques franceses.

El gobierno argentino tenía una relación algo tirante en materia de defensa, dado el retraso para la comprar de un lote de cinco aviones Super Etendard SEM, dados de baja por la Marina francesa, pero con kits de modernización, de suma utilidad para la decena de aviones que tiene almacenados la Armada Argentina. Era una operación menor a los 20 millones de dólares. Finalmente la operación se concretó. Esto es algo positivo, permite que la Aviación Naval pueda volver a “vida” a sus cazas almacenados y tener stock de repuestos que permita recuperar un “arma” del alto valor disuasivo. A ello se unió la firma del contrato por cinco patrulleros  L’Adroit, entre ellos el operado en régimen de alquiler por la Marina francesa, financiados por un contrato de 280 millones de euros. El contrato prevé la entrega del primer buque en 2019 y el resto para 2022. Los astilleros argentinos, como Tandanor y Río Santiago, no participarán en su construcción. En otras palabras, los argentinos nos endeudamos para darles trabajo a los franceses.

En marzo de 2018, cuando el jefe de gabinete, Marcos Peña, fue a rendir cuentas ante las Cámaras del Congreso, entre las preguntas formuladas, estaba la de la compra de patrulleros del altura, este contestó el proyecto se inició en el año 1994, explorando todas las alternativas de provisión local plausibles, sin éxito. Las tecnologías involucradas, la alta cantidad de elementos constitutivos que – por razones de escala – es impracticable producir localmente, hacen que la eventual ventaja de incluir trabajo argentino sea balanceada negativamente por los costos logísticos, por la complejidad de articular el traslado y nacionalización de gran cantidad de materiales, herramental específico y, finalmente, el desarrollo de capacidades cuya empleo continuado es poco probable. Tanto en el corto, como en el mediano plazo, la compra en el exterior es más favorable para el estado nacional.” Sin ninguna duda, el Jefe de Gabinete con esta respuesta, no sabe nada al respecto y está muy mal asesorado. Desconoce la capacidad técnico industrial en la materia de nuestros astilleros. Astilleros Río Santiago, construyó exitosamente buques de mayor complejidad tecnológica, como las corbetas Meko 140.  Un buque de patrulla marítima, no es un medio casualmente complejo para construir para la industria argentina. El principal problema del Astillero Río Santiago, es el elevado nivel de conflicto sindical y político. Consecuencia de un manejo irresponsable de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires desde hace largo tiempo.

El contrato además vulnera la ley  27.418 de “Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina” donde en su artículo 15, señala que Los organismos del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine, cumpliendo con las características, costos y tiempos requeridos. En caso de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval establecida en la presente norma. La norma indica claramente la necesidad de participación de la industria nacional en programas de construcción, con un régimen de excepción.

Los buques en cuestión han sido objeto de críticas, dado que la Armada ha solicitado el retiro de rampas lanzamisiles y del cañón de 76 mm. Por ende su valor militar es nulo. Mientras la Flota de Mar agoniza amarrada en puerto, la Aviación Naval demanda también inversiones, los “estrategas” del ministerio de defensa, optan por endeudar al país, en un contexto de recesión y destrucción de fuentes de trabajo, el ministerio de defensa dirige el ahorro nacional, para dar trabajo en otros países. ¿Curioso no?

La Armada Argentina, una fuerza que llegó a tener cierta capacidad oceánica (en 1910 llegó a ser la octava del mundo), gracias a décadas de manejo irresponsable, con sus principales medios de combate fuera de servicio u obsoletos, con la llegada de estos buques, será un cambio, convirtiéndola en una fuerza con características similares a un guardacostas. Tarde o temprano, no debemos descartar que la Armada y Prefectura Naval se unan en una sola institución, orientada al rol policial, búsqueda y rescate, protección del medio ambiente. Las consecuencias estratégicas para el país en el mediano plazo, serán funestas.

 Foto. Astilleros DCNS